Primer asalto: unos abogados denuncian a ocho periodistas por publicar datos de la presunta trama de espionaje a personalidades alavesas, que se encuentra bajo secreto de sumario. Segundo asalto: la jueza Ana Zulueta admite la denuncia y les imputa. Tercer asalto: el Fiscal recurre la imputación. Cuarto asalto declaran como testigos el pasado viernes. Veremos como acaba todo. Pero hay un elemento ineludible: el derecho a la información y a la libertad de expresión. La decisión de denunciar a periodistas y la de imputarlos es de otra época. Porque a nadie le hemos escuchado poner en cuestión la veracidad de las noticias publicadas. Es decir, que los ocho compañeros han cumplido con su obligación: la de informar con veracidad.
Y parece que a algunos no les gusta. Incluso que preferirían que no hubiera profesionales de la información. ¿O lo correcto sería que estuviéramos todos callados? Estos hechos son de máxima gravedad. Y no ocurren todos los días. Se ha vuelto a dar la nota a nivel estatal.
La obligación de cualquier periodista es investigar en pos de la verdad, y además, tratando de dar soporte a todas las opiniones, a todas las versiones. Se han escrito ríos de tinta de la supuesta trama de corrupción y de la supuesta trama de espionaje. Normalmente informaciones que no dejan bien a los acusados.
Pero también nos consta que los afectados han recibido invitaciones para dar su opinión en “los papeles”. Si no lo han hecho es porque no han querido.
Si todo se moviera por parámetros de secretismos y de impedimentos a las publicaciones, jamás hubiéramos conocido el caso "Gürtel", los dispendios de Roldán, los "filesas" o cualquier otra trama de las últimas décadas. ¿Esto es lo que quieren?
Porque desde luego, si un periodista dispone de una información veraz y de interés general, su obligación es publicarla. ¿O hay intereses ocultos para presionar a los periodistas en estas supuestas tramas o en otros escenarios? ¿Tenemos que entender algún mensaje? Esta es la gravedad de la actuación judicial.
Gracias a periodistas como los de El Correo, El Mundo y El País, Euskadi es hoy más libre. A los ocho, y a quienes han trabajado por descubrir la verdad: gracias.
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La Constitución ampara el derecho a informar y a no revelar las fuentes. La Constitución. Ahí es nada.
